¿Cuáles son las demandas más frecuentes por la que se condena a los administradores y directivos?

La demanda más frecuente por la que se condena a los directivos en España es por la comisión de delitos societarios, como la administración desleal o el delito de información privilegiada. Estos delitos suelen estar relacionados con la mala gestión de la empresa, la ocultación de información relevante a los accionistas o la gestión de los estados financieros.

 

Otra reclamación frecuente es la responsabilidad civil derivada de los errores o negligencias en la toma de decisiones, lo que puede provocar un perjuicio económico a la empresa o a terceros.

 

También es común la demanda por la infracción de las normativas y la regulación en la gestión de la empresa, como la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Competencia o la Ley de Protección de Datos.

 

Ejemplos de la infración de normativas son:

 

Google: En 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 150 millones de euros a Google por abuso de posición dominante en la publicidad online. Los directivos de Google España fueron demandados por la CNMC por la infracción de la Ley de Competencia.

 

Bankinter: En 2016, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sancionó a Bankinter con una multa de 900.000 euros por una serie de infracciones en la comercialización de productos financieros complejos a sus clientes.


Cepsa: En 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 5,3 millones de euros a Cepsa por incumplimiento de la normativa de competencia en el suministro de combustible a estaciones de servicio.

 

Vodafone: En 2019, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una multa de 1,2 millones de euros a Vodafone por infracciones graves en la protección de datos de sus clientes. Los directivos de Vodafone España fueron demandados por la AEPD por la infracción de la Ley de Protección de Datos.

 

Servicios Integrales de la Sierra: En 2016, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una multa de 30.000 euros a esta empresa por infracciones graves en la protección de datos de sus clientes. Los directivos de la empresa fueron demandados por la AEPD por la infracción de la Ley de Protección de Datos.

 

3P Biopharmaceuticals: En 2018, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sancionó a esta empresa con una multa de 100.000 euros por infracciones en la información financiera que financiaron a los inversores. Los directivos de la empresa fueron demandados por la CNMV.

 

Galletas Coral: En 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 171.000 euros a esta empresa por la participación en un acuerdo restrictivo de la competencia con otras empresas del sector. Los directivos de la empresa fueron demandados por la CNMC por la infracción de la Ley de Competencia.

 

Micuna: En 2020, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una multa de 60.000 euros a esta empresa por infracciones graves en la protección de datos de sus clientes. Los directivos de la empresa fueron demandados por la AEPD por la infracción de la Ley de Protección de Datos.

 

Por tipologías de las normas que pueden incumplir los administradores y directivos podemos citar:

 

Ley de Sociedades de Capital: incumplimiento de los deberes fiduciarios, la adopción de decisiones que perjudiquen a la sociedad o a sus accionistas, o la falta de diligencia en la gestión.

 

Ley de Mercado de Valores: incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las empresas cotizadas y sus directivos en relación con la información que deben proporcionar a los inversores. Los directivos pueden ser demandados por la infracción de esta ley en casos como la falta de transparencia en la información financiera o la falta de información relevante sobre los riesgos del negocio.

 

Ley de Competencia: por la realización de prácticas restrictivas de la competencia, como los acuerdos entre empresas para fijar precios o repartirse el mercado. Los directivos pueden ser demandados por la infracción de esta ley en casos como el abuso de posición dominante en el mercado o la participación en acuerdos restrictivos de la competencia.

 

Ley de Propiedad Intelectual: por incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, las marcas o los derechos de autor. Los directivos pueden ser demandados por la infracción de esta ley en casos como la violación de derechos de propiedad intelectual de terceros.

 

Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: por incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las empresas y sus directivos en relación con el tratamiento de datos personales. Los directivos pueden ser demandados por la infracción de esta ley en casos como la falta de diligencia en la protección de los datos personales de los clientes o la realización de tratamiento de datos personales sin el consentimiento de los titulares o sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa.

 

Normativas sectoriales: por incumplimiento de diversas normativas y regulaciones que son de aplicación a sectores concretos, como el sector financiero, el sector energético o el sector farmacéutico, entre otros. Los directivos pueden ser demandados por la infracción de estas normativas en casos como el incumplimiento de las obligaciones regulatorias, la falta de transparencia en la información proporcionada a los clientes o la realización de prácticas comerciales ilegales.

 

En general, las reclamaciones por responsabilidad civil de los directivos pueden ser muy variadas y surgirán de las circunstancias de cada caso en particular. Por esta razón, es importante que los directivos cuenten con un seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos (D&O) que les proteja frente a estas demandas y les permita continuar con su trabajo con la tranquilidad de tener una protección adecuada.