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Seguros de Responsabilidad de Administradores

Sí, existe.

Las Administraciones Locales están sometidas a responsabilidad patrimonial y éstas pueden exigir a las personas responsables de las actuaciones administrativas que causen daño a terceros perjudicados.

Los cargos electos de los partidos políticos están sometidos a responsabilidad por las acciones u omisiones en el desempeño de su cargo. En el caso de un ayuntamiento, la decisión incorrecta puede haber sido tomada por el Alcalde, un concejal o el equipo de gobierno.

Los que tomen una decisión, y ésta se demuestre incorrecta, estarán obligados a responder frente a los terceros perjudicados por aplicación de la Ley 30/92 de procedimiento administrativo (Ver). El artículo 145 de esta ley precisa la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, y por su parte el artículo 142 define que la exigencia de esta responsabilidad se activará de oficio, cuando haya reclamación por responsabilidad civil patrimonial contra la administración. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad penal.

Es importante conocer que la exigencia de responsabilidad contra el cargo público es una obligación de oficio de la administración local y su inobservancia puede constituye un ilícito administrativo y puede llevar aparejada responsabilidad penal (Artículo 60 del Real Decreto Legislativo 781/1986, Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local Texto Refundido materia de Régimen Local).

El Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, Real Decreto 429/1993, establece los procedimientos para que la administración responda de su responsabilidad.

Además de la exigencia de la responsabilidad patrimonial, a los cargos públicos se les puede exigir responsabilidad penal para casos de prevaricación, cohecho, malversación delitos contra el medio ambiente, selección del personal, contratación administrativa, contra la ordenación del territorio, delitos urbanísticos, o protección de datos. La primera es reconocida por la autoridad administrativa y la segunda por el juez.

En el mercado han surgido coberturas de seguro de responsabilidad civil de órganos de gobierno de las administraciones locales que pueden dar cobertura a estas responsabilidades. Consulte nuestro seguro para miembros de los órganos de gobierno de ayuntamientos.

La respuesta es que sí. Los administradores de las sociedades deben desempeñar su cargo con la diligencia de ordenado empresario (Ley de Sociedades de capital (Art. 225).

Los administradores responderán personalmente y solidariamente del daño que causen frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, en el desempeño de su cargo.

La responsabilidad del administrador es una responsabilidad personal, como persona que ostenta el cargo de administrador. Nuestro derecho sucesorio tiene la peculiaridad  de que el sucesor se subroga en la posición del causante, asume la titularidad patrimonial.

El art. 1 del Código de sucesiones menciona que: "El heredero sucede en todo el derecho de su causante. Consecuentemente adquiere los bienes y los derechos de la herencia y se subroga en las obligaciones del causante que no se extingan por la muerte. Ha de cumplir las cargas hereditarias y resta vinculado a los actos propios del causante."

Por esta razón, las pólizas de seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos, contemplan la cobertura de la las reclamaciones contra el cónyuge y los herederos del administrador social.

Sí, si se trata de filiales o participadas de otra empresa.

Si la empresa X tiene la mayoría de las participaciones en la empresa Y, o la Z, o nombra a su órgano de administración, las empresas Y o Z serán filiales.

Si la empresa X tiene una posición minoritaria sobre las empresas Y o Z, éstas serán participadas.

Si estamos ante esta estructura, puede suscribirse una póliza única de responsabilidad civil de administradores y consejeros que proteja al órgano de administración de la empresa X, y a los representantes de la empresa X que se sienten en los órganos de administración de sus filiales o participadas, empresas Y o Z.

Si por el contrario, es una persona física la poseedora de la propiedad de la empresa X y es esta persona a título personal el que ostenta participaciones en otras empresas Y o Z, no nos valdrá el esquema de póliza anterior.

Si se trata de una persona administrador único, que lo es en distintas empresas, no relacionadas entre sí, salvo porque el propietario es el mismo, lo conveniente será desplegar una póliza de RC de administradores y directivos que proteja a esta persona en tanto que administrador único de distintas sociedades.

Sí, lo están.

Así se desprende de la modificación de la Ley Concursal promulgada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Veintiuno. Se modifican los apartados 1 y 2, se añaden nuevos apartados 4 y 6 al artículo 29 y el actual apartado 4 pasa a ser el 5, que también se reforma:

«1. El nombramiento de administrador concursal será comunicado al designado por el medio más rápido. Dentro de los cinco días siguientes al de recibo de la comunicación, el designado deberá comparecer ante el juzgado para acreditar que tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto en los términos que se desarrollen reglamentariamente, para responder de los posibles daños en el ejercicio de su función y manifestar si acepta o no el encargo.

Cuando el administrador concursal sea una persona jurídica recaerá sobre ésta la exigencia de suscripción del seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente.

Las pólizas existentes:

Cualquier despacho de abogados tiene una póliza de RC suscrita, pero ojo, lo normal es que en el apartado exclusiones se recoja expresamente la de no incluir actividades del despacho como Administrador Concursal. Por esta razón, habrá de adaptarse la póliza o suscribir otra nueva, si la aseguradora no lo permite. Aseguradoras como Markel o Dual disponen de condicionados capaces de soportar este riesgo.

Límites de capital:

Los administradores concursales podrían tener que contratar un seguro de RC con una suma asegurada de 500.000 euros, como se recoge en el borrador de Real Decreto que prepara el Gobierno, informa El Economista. La cantidad se elevaría a los 2 millones de euros en caso de que el administrador atienda, al menos, tres procesos concursales a la vez. Y a 5 millones si dicho administrador resulta designado para encargarse de un procedimiento en el que el concursado supere una cifra de negocio anual o su masa pasiva supere los 100 millones de euros.

 

Un seguro de D&O (directors & officers) es un seguro de responsabilidad civil que protege a los miembros del órgano de administración de una sociedad, y a las personas de la empresa que ostentan cargos de dirección y cuyas decisiones comprometen a la empresa frente a terceros.

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital define en ámbito de responsabilidad de estas personas, en los artículos 236 y siguientes, al definir los presupuestos de la responsabilidad, el carácter solidario de la misma, la acción social de responsabilidad, la legitimación subsidiaria de la minoría, la legitimación subsidiaria de los acreedores para el ejercicio de la acción social y la acción individual de responsabilidad.

Un seguro de D&O sirve fundamentalmente para soportar los gastos de defensa de los administradores sociales (costas judiciales, gastos y honorarios incurridos en la defensa de una reclamación que puede incluir los gastos de apelaciones y los gastos de constitución, de fianzas civiles y las necesarias para garantizar la libertad provisional del Asegurado), y las posibles indemnizaciones a que sean condenados por los tribunales como consecuencia de la realización de un acto incorrecto, ya sea por acción u omisión, que de origen a la exigencia de responsabilidad y les sea exigida a éstos por la propia sociedad, los socios o los acreedores sociales.

A diferencia de otras responsabilidades que pueda tener la empresa, la responsabilidad a que nos referimos y que protege este seguro, es una responsabilidad individual de la persona, del directivo o administrador, por lo que este seguro cobra especial relevancia si queremos dejar a salvo nuestro patrimonio privativo.

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